Las promesas de cuidado ambiental del Gobierno estatal han sido puestas en duda tras revelarse que la propia paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha realizado descargas contaminantes al Río Pesquería, superando los límites permitidos por la ley.
Mientras el Estado sanciona a empresas privadas por dañar los cuerpos de agua, una planta tratadora de AyD en el municipio de Pesquería ha sido señalada por incumplir la norma. El caso fue documentado por la asociación civil Agua Regia, que detectó altos niveles de contaminación fecal y residuos sólidos en las aguas que desembocan directamente en el río.
La denuncia ha generado fuerte indignación entre activistas y organizaciones ambientales, quienes han señalado la doble moral del Gobierno de Nuevo León, que presume logros ecológicos mientras ignora las acciones de su propia infraestructura pública.
La situación cobra mayor relevancia al considerar que en días recientes se reportó la muerte de peces en ese mismo cauce, y aunque se tomaron medidas contra otras fuentes de contaminación industrial, el foco sobre la responsabilidad estatal ha sido minimizado.
Análisis revela contaminación de AyD
La investigación realizada por Agua Regia, liderada por el ambientalista Juan Pablo Chávez, incluyó un muestreo de las aguas que salen de la planta tratadora de Agua y Drenaje ubicada en el municipio de Pesquería, al oriente del área metropolitana de Monterrey.
La muestra fue recolectada el 5 de junio, pocos días después de que se reportaran peces muertos en dos puntos: Pesquería y Los Ramones. La asociación decidió verificar si alguna fuente pública podría estar relacionada con estos eventos.
Los resultados arrojaron datos alarmantes:
- Se encontró un 10 % de exceso en coliformes fecales, lo que sugiere presencia de materia fecal no tratada adecuadamente.
- Se superaron en un 13 % los niveles permitidos de sólidos suspendidos totales, lo que afecta directamente la claridad y calidad del agua.
- También hubo un 2 % por encima de lo permitido en demanda bioquímica de oxígeno, indicador clave sobre el nivel de contaminación orgánica que impacta la vida acuática.
Este panorama resulta aún más grave si se considera que días antes, el mismo gobierno estatal, a través del organismo Parques y Vida Silvestre, había sancionado a dos empresas en García, tras detectar un derrame de aceite proveniente del Parque Industrial Mitras.
“¿Dónde está la coherencia si se castiga a privados, pero no se corrige el actuar de una dependencia estatal?”, preguntó Chávez en entrevista. “No se trata solo de señalar a empresas: el Estado también debe cumplir y dar el ejemplo“.
Contaminación reiterada y omisiones de Agua y Drenaje
Este no es un caso aislado. En octubre de 2024, el periódico El Norte documentó que otra infraestructura de Agua y Drenaje —una estación de bombeo ubicada en el municipio de Juárez— también descargaba desechos fecales al Río Santa Catarina.
En ese entonces, tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como Agua y Drenaje reconocieron la irregularidad, la cual fue atribuida al azolve de un cárcamo, es decir, la acumulación de sedimentos que obstruyeron el sistema.
Sin embargo, ambientalistas como Chávez han cuestionado si esta es una situación puntual o parte de un patrón extendido. “En Juárez ya lo comprobamos. Ahora en Pesquería también. Si hiciéramos pruebas en el resto de las plantas, seguramente encontraríamos resultados similares”, advirtió.
El activista también criticó los proyectos del gobierno estatal en materia ambiental, como el Parque del Agua o el llamado plan de tratamiento terciario, los cuales —asegura— no resuelven los problemas urgentes de saneamiento y drenaje en la ciudad.
“Tenemos fugas de drenaje en muchas colonias, brotes constantes, olores pestilentes y fallas estructurales en las redes principales. En vez de modernizar las plantas tratadoras, se siguen impulsando proyectos que no resuelven lo esencial”, afirmó.
Según Chávez, la paraestatal requiere una reestructuración completa, tanto en su operación como en la asignación de presupuesto, para evitar más episodios como los registrados recientemente.
Falta de voluntad política
Uno de los señalamientos más contundentes va dirigido al Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por su presunta omisión ante las irregularidades de Agua y Drenaje. Mientras se presume una agenda verde con discursos sobre movilidad sustentable, protección de áreas naturales y transición energética, los hechos revelan una política ambiental incongruente.
Activistas y ciudadanos coinciden en que las sanciones no deben aplicarse únicamente a privados. En este caso, la planta tratadora que contaminó el Río Pesquería es administrada por una dependencia estatal, por lo que la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo.
Hasta el momento, no se han reportado sanciones para Agua y Drenaje ni se ha emitido una postura oficial desde el gobierno estatal. Esto ha sido interpretado por algunos sectores como una falta de voluntad política para enfrentar la crisis ambiental con transparencia y rigor.
Además, el uso de discursos ecológicos para promover ciertos proyectos y a la vez ignorar situaciones críticas como la contaminación de ríos por parte del propio Estado, ha despertado críticas sobre el uso político del medio ambiente.
“La ciudadanía no puede seguir creyendo que todo está bien cuando los ríos están contaminados, los peces mueren y los drenajes brotan. Es hora de tomar decisiones responsables y priorizar la salud pública y ambiental”, concluyó Juan Pablo Chávez.
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