Los recursos destinados a los grupos más vulnerables están en el centro de una nueva polémica fiscal. Según informes presentados ante el Congreso local, Alejandro Reynoso Gil expuso hallazgos sobre la Cuenta Pública 2025 de Nuevo León, donde se señala que Samuel desvía dinero al despacho de su papá, involucrando áreas como el DIF Capullos y a Mariana Rodríguez Cantú.
El impacto social tras señalarse que Samuel desvía dinero al despacho de su papá
De acuerdo con los datos expuestos por la auditoría estatal, las irregularidades detectadas afectan directamente el presupuesto de instituciones asistenciales y de salud. Los reportes indican que se pagaron 420.6 millones de pesos por medicamentos oncológicos sin comprobarse su entrega física a los pacientes.
Asimismo, el documento fiscalizador señala que se adquirieron alimentos con sobreprecios considerables para los centros de atención social. Por ejemplo, el kilo de chayote se facturó en 300 pesos cuando su costo regular ronda los 18 pesos en el mercado mayorista local.
sobre qué dijo la auditoría de Samuel García respecto a los contratos?
Para entender qué dijo la auditoría de Samuel García durante la comparecencia, los fiscalizadores detallaron una red de 786 transferencias bancarias. Estos movimientos suman 1,696.6 millones de pesos enviados desde contratistas estatales hacia una firma jurídica y fiscal vinculada a familiares del mandatario.
El informe presentado por Alejandro Reynoso Gil explica que cuatro empresas principales operaron como puente desde la Tesorería estatal. Una constructora recibió 5,851 millones de pesos, transfirió más de 5,154 millones a una filial y esta finalmente envió 385.3 millones al despacho privado.
En contraste, representantes del oficialismo en el Congreso argumentan que las operaciones entre empresas privadas y sus asesores legales son ajenas al gobierno. Insisten en que el órgano fiscalizador intenta criminalizar relaciones comerciales habituales para generar un escándalo mediático antes de las próximas elecciones.

El alcance en el DIF Capullos donde Samuel desvía dinero al despacho de su papá
La revisión de la Cuenta Pública 2025 de Nuevo León también abarca movimientos financieros en las dependencias vinculadas políticamente con Mariana Rodríguez Cantú. Según el reporte estatal, el sistema asistencial pagó 1,953 millones de pesos a un proveedor de alimentos que dispersó recursos entre cinco filiales.
En un plazo de apenas ocho días, dichas empresas transfirieron 23.3 millones de pesos hacia el mismo bufete jurídico investigado. Además, el informe señala que la nómina oficial cubrió 3.15 millones de pesos para pagar sueldos de cuatro empleados de una firma de cosméticos familiar.
De igual manera, los auditores observaron contratos con empresas sin especialidad definida para realizar remodelaciones en el DIF Capullos y otras instalaciones. Sin embargo, el equipo gubernamental afirma que cada obra contratada responde a necesidades urgentes de mantenimiento y cuenta con respaldo administrativo.
La ruta judicial y los plazos de la Cuenta Pública 2025 de Nuevo León
El titular del órgano fiscalizador informó ante los diputados locales que cuentan con un plazo máximo de dos semanas para presentar las denuncias penales correspondientes. Estos expedientes serán turnados tanto a la fiscalía estatal como a la instancia federal para deslindar responsabilidades legales.
A nivel federal, actores políticos ya interpusieron recursos adicionales tras reportarse casi ocho mil observaciones sin solventar por un monto global de 61 mil millones de pesos. Señalan que la acumulación de hallazgos estatales y federales exige una investigación profunda sobre el manejo del erario público.
Por su parte, la defensa jurídica del ejecutivo estatal reitera que las observaciones de la Cuenta Pública 2025 de Nuevo León siguen en etapa de aclaración. Sostienen que presentarán las pruebas necesarias para desvirtuar cada señalamiento antes de que concluyan los tiempos legales previstos por la ley.

El debate legislativo porque Samuel desvía dinero al despacho de su papá
La comparecencia de Alejandro Reynoso Gil provocó un intenso intercambio de posturas entre las distintas fuerzas representadas en el Poder Legislativo local. Mientras algunos sectores del Congreso exigen castigo ejemplar, otros califican el trabajo de los auditores como una maniobra ociosa con tintes partidistas.
Los legisladores críticos argumentan que el desvío de recursos hacia despachos privados mediante proveedores constituye un esquema grave de simulación fiscal. Exigen que las autoridades ministeriales actúen con rapidez para evitar que los presuntos delitos queden impunes frente a la ciudadanía regiomontana.
En contraparte, los diputados que respaldan la gestión actual insisten en que el reporte técnico carece de imparcialidad y busca frenar proyectos estratégicos. El desenlace de estas denuncias definirá el rumbo político de la entidad en los meses previos a la renovación de la gubernatura
Array





