El gobernador Samuel García Sepúlveda, junto con Baltazar Martínez Ríos, Raúl Lozano y Miguel Flores, aparece en el centro de un nuevo escándalo político que sacude a Nuevo León. Un audio filtrado, relacionado con el conflicto entre el Estado y la empresa Matrimar, expone conversaciones donde se plantea la exigencia de un pago fuerte para permitir la operación de la empresa.
Lo que durante meses fue presentado como una diferencia técnica derivada del Impuesto Verde ahora adquiere una dimensión mucho más delicada. La grabación sugiere presión política, intermediación partidista y posibles acuerdos fuera de los canales institucionales.
La narrativa oficial de Movimiento Ciudadano enfrenta uno de sus momentos más incómodos.
El Audio Que Expone La Extorsión De MC
El 27 de noviembre del año pasado, apenas tres días después de que la planta fuera suspendida por el Estado, se realizó la llamada que hoy provoca indignación. En ella, Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Cerralvo, conversa con un directivo de Matrimar.
En la grabación, Martínez menciona auditorías abiertas y afirma que la empresa estaba “arrinconada”. También señala que era la única que no había soltado un pago fuerte.
La conversación no gira en torno a procedimientos formales ni a recursos administrativos. Se habla de alinearse, de llegar a un acuerdo y de cubrir la cantidad incluso en parcialidades.
Ese tono es el que convierte un conflicto fiscal en un escándalo político.
Medio Ambiente Y Gobierno De Samuel En La Conversación
En el audio aparece mencionado Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente estatal. Según lo que se escucha, Lozano habría planteado la necesidad de un pago fuerte como condición para resolver el conflicto.
La dependencia que encabeza ha sido una de las más activas en inspecciones y clausuras contra pedreras en el marco del Impuesto Verde. En el caso de Matrimar, la empresa sostiene que ha enfrentado revisiones constantes y cierres administrativos tras negarse a ceder.
Más adelante, el propio Baltazar Martínez Ríos menciona que pediría un favor a “Mike”, en referencia a Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, para facilitar el acuerdo y permitir que la empresa pudiera pagar por semana o por mes.
El esquema que se dibuja es inquietante: presión administrativa desde una secretaría, intermediación política desde el partido del gobernador y eventual aval desde la Secretaría General de Gobierno.
Si los hechos se confirman, no sería un simple desacuerdo técnico. Sería un caso de extorsión estatal con implicaciones mayores.
Amparos Y Nuevas Clausuras
El conflicto no se limita al audio. El 10 de febrero, Matrimar obtuvo un amparo contra medidas impuestas en noviembre que mantenían su planta cerrada. Sin embargo, horas después, Protección Civil acudió de madrugada para imponer una nueva clausura.
Posteriormente, la empresa informó que también ganó otro recurso judicial. En su postura pública, habló de un patrón de presión sistemática tras negarse a cubrir el supuesto pago fuerte.
Para el sector empresarial, la señal es alarmante. Aunque existan resoluciones judiciales favorables, la operación sigue dependiendo de nuevas inspecciones y cierres.
Eso no es estabilidad jurídica. Es incertidumbre constante.
Similitudes Con El Caso De Tequila, Jalisco
El caso recuerda inevitablemente lo ocurrido en Tequila, Jalisco. Allí, el alcalde fue detenido por presunta extorsión contra empresas, incluido un intento de cobro millonario a una reconocida tequilera.
La reacción fue inmediata. El gobernador estatal anunció intervención directa y envió un mensaje de cero tolerancia ante cualquier abuso de autoridad.
En Nuevo León, en contraste, el escándalo involucra a figuras cercanas al poder estatal y el silencio institucional domina la escena. No se ha anunciado una investigación pública amplia ni un deslinde contundente por parte de los implicados.
Si en Tequila se actuó con firmeza, la pregunta es por qué en Nuevo León el caso Matrimar sigue envuelto en declaraciones indirectas y filtraciones.
Impacto En La Imagen De Samuel García
Nuevo León se promueve como líder económico y polo de inversión. Sin embargo, episodios como este afectan la confianza.
La certeza jurídica no puede depender de negociaciones políticas ni de cubrir un pago fuerte. La operación de una empresa debe sostenerse en reglas claras, no en intermediaciones partidistas.
El nombre de Samuel García aparece inevitablemente en la discusión porque los funcionarios señalados forman parte de su administración o de su estructura política.
La prueba para el gobierno es clara: demostrar que no existe extorsión estatal y que cualquier irregularidad será investigada sin privilegios.
La ciudadanía observa. Los empresarios evalúan riesgos. Y el caso Matrimar se convierte en un símbolo de algo más grande que una disputa fiscal: la exigencia de justicia y legalidad.
Porque si en Tequila hubo consecuencias, en Nuevo León también debe haberlas si se confirman responsabilidades.
La credibilidad institucional está en juego. Y en política, cuando la confianza se erosiona, el costo es mucho mayor que cualquier multa o amparo.
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