La administración de Samuel García asegura que se han plantado más de 650 mil árboles en tres años, pero la cifra no encuentra sustento en los informes oficiales. Lejos de tranquilizar, esa afirmación reavivó dudas sobre el verdadero destino de los recursos públicos (y privados) invertidos en su programa de reforestación urbana. La última cifra documentada —junio de 2023— señala que sólo se habían sembrado 5 mil 176 árboles, mientras que el presupuesto ejercido alcanzaba los 147 millones de pesos.
Para alcanzar la meta presumida por el gobernador, se habrían tenido que sembrar más de 645 mil ejemplares en apenas nueve meses, sin que hasta ahora se haya mostrado evidencia tangible que lo respalde: no hay ubicaciones, imágenes, reportes técnicos, ni cifras verificables por el público.
Donativos que esquivan el escrutinio
El programa “Bosques Ciudadanos”, operado por la asociación Reforestación Extrema, no recibe fondos del erario de manera tradicional. En cambio, empresas privadas y personas físicas entregan sus aportaciones directamente a la asociación, bajo el concepto de “donativos” para mitigar el impacto ambiental de proyectos urbanos. Este esquema, avalado en 2023 por un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente —entonces a cargo de Félix Arratia, hoy Alcalde de Juárez—, libera a la asociación de cualquier exigencia de transparencia.
El resultado: un flujo millonario sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Según el SAT, Reforestación Extrema recibió al menos 270.3 millones de pesos entre marzo de 2023 y noviembre de 2024. La propia organización admite que no se trata de dinero público y por tanto no está sujeta a las reglas de fiscalización. “Técnicamente no es dinero público, es una aportación que nos dan las empresas directamente a nosotros”, declaró Cosijoopii Montero, director de la asociación.
Sin embargo, varias de las empresas que han realizado estos aportes reportan que no tienen forma de confirmar cómo se aplicaron los recursos que entregaron. El artículo 40 de la Ley Ambiental de Nuevo León permite a los particulares cumplir su compensación ambiental con aportaciones a fondos públicos o privados, pero no establece criterios claros cuando estas van a asociaciones civiles.
Sin auditorías ni supervisión técnica
Para expertos y activistas ambientales, el diseño del programa parece hecho a la medida de Reforestación Extrema. Contrario a lo que se hacía en administraciones anteriores, cuando los recursos iban al Fondo Metropolitano del Agua, con vigilancia técnica y financiera, ahora se canalizan a una asociación que no pasó por licitación pública, ni evaluación de capacidades operativas.
Un biólogo que pidió anonimato explicó que la ley contemplaba convenios con fondos, pero no con asociaciones civiles sin controles claros. “Le están dando un contrato a alguien que en una licitación no hubiera pasado”, señaló.
Además de la falta de resultados visibles, otra preocupación es el destino de parte del presupuesto, ya que se ha documentado que una proporción considerable fue asignada a empresas vinculadas a funcionarios del propio gobierno. Viveros Regionales y Arbolmax, que han recibido contratos del programa, tienen como socio principal a Adrián Cavazos Cavazos, hermano del director estatal de Protección Civil, Érik Cavazos. Este tipo de relaciones han generado sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Discurso político de Samuel García y resultados nulos
El sábado pasado, en el marco del Día del Árbol Regiomontano, Samuel García volvió a defender el programa, afirmando que “ya van sembrados 650 mil árboles” y que se han destinado más de 300 millones de pesos exclusivamente en arborización. Sin embargo, su discurso no fue acompañado de datos que aclaren dónde están esos árboles ni cómo se verificó la plantación.
La única información proporcionada por Comunicación del Estado consistió en una gráfica que suma cifras de otros programas, como reforestaciones en la Sierra de Santiago tras incendios forestales, pero sin desglosar cuántos árboles corresponden realmente al programa Bosques Ciudadanos.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado repetidamente la publicación de los reportes trimestrales que Reforestación Extrema está obligada a entregar al Estado. Sin embargo, ni esos informes están disponibles en portales oficiales ni han sido entregados a través de solicitudes formales de transparencia.
Legisladores locales ya han levantado la voz, pidiendo una revisión exhaustiva por parte de la Auditoría Superior del Estado y una comparecencia de los funcionarios responsables. Hasta el momento, no se ha atendido ninguna de esas exigencias.
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