En medio de la elección judicial, en Nuevo León se desató una ola de denuncias que apunta directamente a Samuel García. Empleados de distintas dependencias y personal académico de instituciones públicas han denunciado supuestas presiones para participar en un esquema que buscaría beneficiar a aspirantes afines al gobernador Samuel García.
El operativo, del que se han recibido más de diez denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), incluiría la recolección masiva de credenciales de elector, simulacros de votación bajo vigilancia institucional e incluso la organización de eventos con contenido político disfrazado de actividades académicas. La controversia no solo ha puesto en duda la legalidad del proceso, sino que ha encendido alarmas sobre el uso indebido de recursos públicos y el papel de las instituciones educativas en actividades electorales.
Acusan red de presión y simulacros en elección judicial
La mayoría de las denuncias coinciden en un patrón: funcionarios de segundo y tercer nivel, así como personal administrativo en escuelas públicas, estarían solicitando a empleados y maestros que entreguen copias de credenciales del INE, participen en ensayos de votación y documenten con fotografías su “colaboración”. Estos hechos, que comenzaron a circular de manera informal en redes sociales y medios locales, fueron confirmados por testimonios recabados por El Norte y otras fuentes cercanas a los planteles afectados.
En instituciones como el Conalep, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina (UT), la Preparatoria Militarizada y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), los señalamientos se repiten. En el Conalep, por ejemplo, se denunció que el área jurídica de la institución habría emitido la orden de recolectar hasta diez credenciales por persona, afectando al personal de sus 17 planteles en el estado.
Por su parte, en la UANL, el presunto operativo se estaría ejecutando de forma más discreta. Profesores y alumnos de facultades como Ciencias Políticas y Medicina señalaron que directivos los han instado a colaborar con la estructura, con reuniones privadas y tareas políticas camufladas bajo el argumento de “activismo cívico” en la elección judicial.
Este modelo de simulacro exige a los participantes que fotografíen tanto su INE como las boletas y un código QR, lo cual genera sospechas sobre la finalidad del material recolectado. Organizaciones ciudadanas han calificado estas prácticas como coacción del voto y uso indebido de datos personales con fines electorales.
Por si les quedaban dudas de que el proceso para elegir jueces tiene como objetivo imponer el dominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
— Irving Gatell (@IrvingGatell) May 18, 2025
¿Y quién más, sino Samuel, nos podía dar el ejemplo? pic.twitter.com/GumFQmFDqI
Participación de instituciones educativas en elección judicial
El involucramiento de escuelas y universidades en el presunto operativo electoral para la elección judicial ha sido uno de los puntos más sensibles. La Alianza por la Educación Pública emitió un pronunciamiento alertando sobre el impacto que estos actos pueden tener en la integridad de los espacios académicos, que deben mantenerse libres de presiones políticas.
La presencia de figuras como Ulises Carlín, actual consejero jurídico del Gobierno estatal y aspirante a ministro, en eventos con maestros y empleados públicos ha intensificado las sospechas. Varios docentes relataron que fueron obligados a asistir a charlas encabezadas por Carlín, donde además se les habrían asignado tareas específicas para sumar “contactos de apoyo” y asegurar votos para la elección del 1 de junio.
Esta situación se vuelve aún más alarmante si se considera que la Secretaría de Salud y organismos como Simeprode también han sido mencionados entre las dependencias donde presuntamente se han promovido estas prácticas. La red de participación obligada parece extenderse más allá del sector educativo, lo que refuerza la hipótesis de que podría tratarse de un operativo estructurado con recursos públicos.
Samuel García guarda silencio
Pese a la gravedad de las acusaciones, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no ha emitido hasta el momento ninguna declaración pública al respecto. La falta de pronunciamiento ha sido interpretada por algunos sectores como una omisión deliberada, mientras que otros recuerdan que, conforme a la ley, toda persona cuenta con el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Aun así, la presión pública crece, especialmente ante la proximidad del proceso judicial, que se realizará el próximo 1 de junio. Esta elección es histórica, ya que por primera vez los ciudadanos votarán directamente por jueces federales. En el caso de Nuevo León, esta será la única categoría en disputa, ya que el Poder Judicial local tiene programada su renovación para 2027.
Diversas organizaciones de derechos civiles y defensa electoral han solicitado a las autoridades locales y federales que se garantice la equidad del proceso. También han llamado a proteger la integridad de los trabajadores y docentes que han alzado la voz, muchos de ellos de forma anónima, por temor a represalias laborales.
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