En Rayones, Elementos de la Guardia Nacional decomisaron 64 mil litros de huachicol en Nuevo León. La sustancia era transportada en un tractocamión cuyo conductor no pudo acreditar la legalidad del cargamento, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público federal.
El hallazgo ocurrió durante una serie de inspecciones preventivas realizadas por la corporación federal en dicha región rural del sur del estado, donde históricamente ha operado el robo y distribución clandestina de combustible. La unidad de transporte —un camión de doble tanque— fue asegurada por las autoridades hasta que concluya el proceso judicial correspondiente.
Este aseguramiento ocurre apenas días después de que se hiciera público otro golpe al mercado negro de combustible en Nuevo León: el hallazgo de 1.2 millones de litros de huachicol en el municipio de Allende, también a manos de autoridades federales.
Huachicol en Nuevo León reitera presencia de crimen organizado
Los recientes decomisos en Rayones y Allende no sólo revelan el volumen al que ha escalado la distribución ilegal de hidrocarburos en el estado, sino también el grado de infraestructura que los grupos delincuenciales han logrado consolidar en la región.
En el caso de Allende, el operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) y se llevó a cabo el pasado 17 de junio, en una bodega ubicada sobre la calle Progreso, en la colonia El Maguey. En el sitio, los agentes localizaron estructuras especializadas para el almacenamiento masivo de hidrocarburos, como tanques cilíndricos, semirremolques, tractocamiones y cubitanques, así como equipo para la conducción y despacho del combustible.
Las autoridades aseguraron 11 franctank, 7 tanques cilíndricos, 10 semirremolques, 3 tractocamiones y 2 cubitanques, además de mangueras de gran volumen y cuatro bombas despachadoras. Este nivel de sofisticación técnica apunta a una operación de gran escala, con capacidad no sólo para almacenar, sino también para distribuir combustible de forma ilegal.
Dicho operativo no fue llevado a cabo de forma aislada. Contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como miembros de la Fuerza Civil.
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— ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) June 25, 2025
Gobierno estatal sigue sin dar resultados
A pesar de estos operativos exitosos encabezados por instancias federales, la actuación del gobierno estatal continúa siendo cuestionada. Mientras que las fuerzas federales son las que intervienen en los decomisos, la estrategia de seguridad local permanece sin resultados visibles, particularmente en zonas rurales que históricamente han sido ignoradas por las políticas públicas de vigilancia y control.
El decomiso en Rayones —una zona con poca cobertura mediática y limitada presencia institucional— refleja no sólo la expansión del huachicoleo, sino también la ausencia de mecanismos estatales efectivos para contenerlo. La constante necesidad de que la Guardia Nacional o la FGR entren en acción indica una falla estructural del Estado en la protección del territorio y la vigilancia de sus rutas estratégicas.
Mientras tanto, las autoridades de Nuevo León han mantenido silencio sobre las implicaciones de estos aseguramientos de la Guardia Nacional. No ha habido posicionamiento oficial por parte del gobierno del estado, ni se han dado a conocer planes para reforzar la vigilancia en regiones como Rayones o Allende, donde el crimen organizado continúa consolidando rutas de operación y logística.
¿Qué hay detrás del silencio estatal frente al huachicol en Nuevo León?
Diversos analistas y sectores de la ciudadanía han expresado su preocupación ante la falta de reacción del Ejecutivo estatal, especialmente en temas tan delicados como el robo de hidrocarburos. Mientras tanto, el discurso oficial continúa enfocado en la narrativa de una supuesta estrategia de seguridad efectiva, sin atender directamente los hechos que desmienten dicha afirmación.
La participación de las fuerzas federales es, en este contexto, una especie de última barrera de contención, que evidencia el vacío operativo de la estrategia local. La falta de controles en rutas rurales, la escasa inversión en inteligencia territorial y la omisión en la fiscalización de transporte masivo de combustibles son factores que facilitan la expansión de redes ilegales como la detectada recientemente.
Por otro lado, el impacto de estas actividades criminales no se limita al daño económico o a la competencia desleal en el sector energético. También existe un riesgo latente para la población en general, dado que estas estructuras operan en zonas habitadas, donde el manejo inadecuado de hidrocarburos podría generar accidentes graves, incendios o explosiones.
