En Nuevo León, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un obstáculo crítico que pone en riesgo su supervivencia: los largos periodos de espera para recibir pagos por parte de grandes corporativos. Esta práctica, cada vez más común, ha sido identificada por autoridades estatales como una de las principales causas del cierre temprano de negocios locales.
Según datos oficiales, cerca del 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el estado terminan por cerrar en sus primeros cinco años de operaciones. La razón, afirman expertos y funcionarios, no siempre es la falta de capacidad técnica, ni de mercado, sino un factor más estructural: el incumplimiento de pagos por parte de sus clientes más grandes.
Empresas que entregan servicios o productos a tiempo y conforme a contrato ven cómo sus ingresos son retenidos durante meses, en ocasiones por más de un año, por grandes firmas que utilizan su poder de negociación para aplazar compromisos financieros. Esta situación genera una cadena de consecuencias negativas que golpea directamente la liquidez, la inversión operativa, la generación de empleo y, en última instancia, la continuidad del negocio.
Pagos tardíos y efectos devastadores
Carlos Ernesto Garza, director de Fomento y Apoyo a las Pymes en la Secretaría de Economía de Nuevo León, explicó que esta problemática ha sido recurrente y que, aunque no siempre aparece de forma explícita en los informes de cierre de empresas, sí se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro del ecosistema empresarial local.
“En conversaciones informales, muchos emprendedores y empresarios nos comparten cómo una gran empresa les dejó de pagar durante meses, y eso fue suficiente para que quebraran. Literalmente nos dicen: ‘me tronaron’”, afirmó el funcionario. “Esto no solo desalienta nuevos emprendimientos, sino que provoca una especie de desconfianza sistémica hacia los grandes consorcios”.
De acuerdo con testimonios recogidos por la Secretaría, existen casos documentados en los que los pagos han tardado desde 60 hasta 420 días, es decir, casi 14 meses después de que se entregó el producto o servicio contratado. Este tipo de retraso no solo afecta las finanzas del proveedor, sino que además bloquea su acceso a financiamiento, limita su capacidad de inversión y provoca pérdida de empleos.
Para muchas Mipymes, cuyos recursos operativos son limitados, no recibir el pago a tiempo significa no poder pagar su nómina, servicios, rentas o proveedores. Y aunque algunas sobreviven a base de créditos personales o recursos propios de los dueños, esta situación no es sostenible en el largo plazo.
Temor a trabajar con grandes empresas
Un elemento preocupante es que este fenómeno ha generado un ambiente de desconfianza hacia los grandes corporativos, tanto del sector privado como público. Pese a que en algunos casos los contratos están formalizados, el incumplimiento en los tiempos de pago ha hecho que muchos pequeños empresarios eviten vincularse con ciertas cadenas comerciales o empresas de renombre.
Garza indicó que este comportamiento, lejos de ser una excepción, se ha vuelto parte de la conversación cotidiana entre emprendedores. “Cuando se evalúan nuevas oportunidades de negocio, muchas veces el principal temor ya no es si se puede entregar o competir en precio, sino si se va a cobrar a tiempo”, señaló.
El funcionario también reconoció que, si bien algunas grandes empresas muestran buena disposición para desarrollar proveedores locales, la falta de mecanismos legales que regulen los plazos de pago deja en desventaja a las Mipymes, que por necesidad aceptan condiciones injustas con tal de cerrar acuerdos.
En este sentido, se subraya que no se trata únicamente de una falta de compromiso por parte de los grandes compradores, sino también de una debilidad estructural en el ecosistema de negocios, donde las reglas del juego favorecen a quienes tienen mayor poder financiero.
Buscan regular plazos de pago a PyMEs
Ante este panorama, desde el Congreso de Nuevo León ya se están tomando medidas. La diputada local Lorena de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó en 2024 una iniciativa para reformar la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del estado, con el objetivo de establecer límites claros a los tiempos de pago que las grandes empresas pueden imponer a sus proveedores.
La propuesta, que actualmente se encuentra en fase de análisis en comisiones y mesas de trabajo, busca fijar un plazo máximo de 60 días para realizar pagos a proveedores, con una prórroga excepcional de hasta 90 días solo en casos justificados. De esta manera, se pretende frenar las prácticas abusivas que hoy permiten que empresas paguen hasta después de un año de recibir el servicio.
“Un emprendedor se acercó conmigo y me contó que le pagaron a 420 días. Eso significa más de un año esperando el dinero por algo que ya entregó”, relató la legisladora. “No se vale que los más pequeños terminen financiando a los más grandes. Esta iniciativa pretende equilibrar las condiciones y brindar certidumbre a quienes están empezando”.
De la Garza afirmó que esta reforma es una demanda legítima de cientos de empresarios que han sido afectados por los retrasos, y que se trata de una medida para incentivar el emprendimiento y proteger a quienes generan empleos desde lo local. Agregó que espera contar con el respaldo de las diferentes bancadas del Congreso, ya que se trata de un tema transversal que impacta a toda la economía de Nuevo León.
Array
