El gobierno de Samuel García ha sido señalado por organizaciones y activistas ambientales debido a un severo recorte presupuestal para el área del medio ambiente en Nuevo León en 2024. Mientras el mandatario se presenta como un defensor del medio ambiente en sus discursos y en redes sociales, la realidad expone una falta de compromiso tangible con las políticas ecológicas.
De acuerdo con diversas fuentes, el presupuesto destinado al medio ambiente en Nuevo León sufrió un recorte superior al 68% en 2024. Esta reducción contrasta con las declaraciones públicas del gobernador, quien insiste en promover la imagen de un gobierno preocupado por la calidad del aire, la protección de los recursos naturales y la salud de la población.
La contradicción entre el discurso y las acciones ha generado una profunda preocupación en la sociedad civil, que observa con alarma cómo se debilitan las iniciativas para combatir la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey.
Activistas denuncian contradicciones
Para Liliana Flores Benavides, activista y especialista en temas ambientales, el discurso oficial no corresponde con las políticas implementadas. Flores Benavides señaló que el asunto ambiental se ha vuelto crítico en el estado, especialmente por los altos niveles de contaminación en Monterrey y su área metropolitana.
“El discurso del Gobierno va por un lado y sus acciones por otro”, comentó. La activista destacó que, sin recursos suficientes, es imposible fortalecer la vigilancia ambiental y realizar acciones técnicas para reducir la contaminación del aire, la tierra y el agua. Según sus declaraciones, la ciudadanía queda completamente desprotegida ante la omisión gubernamental.
El Comité Ecológico Integral (CEI), por su parte, también criticó el accionar del gobernador. Su vocera, María Enríquez, consideró incongruente que el gobierno anuncie la creación de una nueva División Ambiental dentro de Fuerza Civil, mientras se reducen drásticamente los fondos destinados a la protección ambiental.
El Gobierno de @samuel_garcias postea proteger el río, pero le tira el escombro del Metro que construye a un lado.
— Daniel Reyes (@dreyesmty) June 30, 2025
Amaga con cárcel a quien contamine, pero reduce los fondos para programas ambientales.
* 'Acusan doble discurso estatal'
Vía @elnorte
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Inversión insuficiente para combatir contaminación
Enríquez puntualizó que las declaraciones de Samuel García sobre priorizar el medio ambiente se quedan en palabras vacías cuando no se refleja un presupuesto adecuado. “El cambio de Secretaría, la creación de divisiones nuevas, la reestructuración de policías ambientales… todo eso no sirve si no hay recursos reales detrás”, expresó.
Según un análisis realizado por la asociación Política Colectiva, Nuevo León fue el estado que más redujo su presupuesto ambiental en 2024, aun cuando ese año registró el mayor número de días con alta contaminación en el área metropolitana.
La vocera del CEI enfatizó que el recorte presupuestal no solo estanca el avance de los programas ambientales, sino que también puede generar proyectos truncos que nunca se ejecutan. “Puede provocar que los temas no se solucionen y sigan encajonados”, añadió Enríquez.
Impacto en la salud y en la comunidad
La reducción en el financiamiento ambiental tiene consecuencias directas sobre la salud de la población y la calidad de vida en Monterrey. La falta de inversión impide realizar estudios técnicos para mitigar la contaminación, contratar personal especializado o adquirir tecnología que permita monitorear de manera eficaz la calidad del aire y del agua.
Además, el recorte afecta la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y reduce la efectividad de las campañas de reforestación y recuperación de áreas verdes. Estas acciones son fundamentales para amortiguar el impacto de la contaminación y mejorar las condiciones urbanas en una de las zonas más industrializadas del país.
Mientras tanto, la población continúa respirando un aire cada vez más contaminado, enfrentando riesgos mayores de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Para los activistas, esta situación refleja un grave abandono de las prioridades básicas que debería atender cualquier administración comprometida con el bienestar social.
La diferencia entre lo que se dice y lo que se hace se convierte en un problema de fondo. La población observa cómo el discurso ambientalista se utiliza como una estrategia de imagen pública, mientras la inversión necesaria para dar resultados reales brilla por su ausencia.
En peligro, el medio ambiente en Nuevo León
La situación en Nuevo León abre un debate sobre la coherencia de las políticas públicas en materia ambiental y la necesidad de mayor transparencia en el manejo del presupuesto.
Aunque el gobernador ha buscado posicionar su gestión como innovadora y sensible a las demandas ciudadanas, la falta de acciones contundentes para enfrentar la crisis ambiental contradice esta narrativa.
De cara al futuro, la sociedad civil exige un compromiso real que se vea reflejado en decisiones presupuestales y estrategias claras. De no hacerlo, los programas para combatir la contaminación seguirán rezagados y el costo social y ambiental podría ser irreparable.
En suma, el recorte de más del 68% al presupuesto ambiental no solo significa una cifra en los documentos oficiales, sino un retroceso tangible en la protección de la salud y el entorno de miles de habitantes en Monterrey y sus alrededores.
La ciudadanía y los especialistas coinciden en que la urgencia de actuar es inmediata y no puede seguir siendo ignorada por las autoridades. La demanda es clara: pasar del discurso a la acción.
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