Grupo Reforma reveló ayer datos fiscales que apuntan a un desvío de fondos del gobierno de Nuevo León con la licitación del arrendamiento de camiones realizada en marzo del 2023 que involucra a Ego Móvil y otras empresas factureras de acuerdo al SAT.
Gobierno de Nuevo León Adjudicó Arrendamiento de Camiones a Ego Móvil y Destapan Posible Red de Empresas Factureras
La administración del emecista Samuel García dio una licitación de arrendamiento de 600 unidades de camiones chinos al consorcio Ego Móvil por 3,307 millones de pesos que, a su vez, ha facturado millones con las empresas socias como Servicios Javit y Transportes Macario’s, cuyas experiencias no tenían nada que ver con hidrocarburos ni transporte hasta este año.
Consorcio Inoperativo y Constituido en Querétaro Es Favorecido por el Gobierno de Samuel García
Ego Móvil, creada en Querétaro y favorecida con el contrato por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) del Estado, transfirió gran parte de sus ingresos a empresas señaladas por el SAT con características de factureras.
Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, la empresa facturó 1,312 millones de pesos al IMA y 700 millones a Banco Bansi, a pesar de que no cumplió con los plazos estipulados de entrega. Teniendo que haber entregado las 600 unidades a más tardar el 31 de octubre del 2023, es fecha que sólo han entregado el 55%.
A pesar de este incumplimiento con el contrato, el consorcio Ego Móvil recibió tres transferencias de parte del Estado: 570.3 millones de pesos en septiembre, 220.9 millones en octubre y 240.7 millones en diciembre del 2023. No fue hasta estas transferencias que el consorcio, inoperativo por 19 años desde su constitución en el 2004, reflejó facturas nuevamente.
Red de Empresas Factureras Vinculadas al Arrendamiento de Camiones para el Gobierno de Nuevo León
Entre las otras empresas beneficiadas destaca Servicios Javit, que facturó 1,045.8 millones de pesos por autobuses y maquinaria entre noviembre y diciembre de 2023. Servicios Javit, constituida en 2019 en la CDMX, cambió su objeto social varias veces, agregando actividades relacionadas con hidrocarburos en 2023. Javit tiene un sitio web genérico, un número telefónico fuera de servicio y sus socias están vinculadas, por lo menos, a nueve empresas más.
Otra firma clave es Transportes Macario’s, que emitió facturas por 699 millones de pesos a Ego Móvil. Registrada en Texcoco, Estado de México, su domicilio social se encuentra en una propiedad modesta, y está asociada con otras 14 empresas en la misma dirección. Macario’s no reportó ingresos significativos antes de abril de 2024, cuando comenzó a facturar autobuses al gobierno estatal.
La Licitación de Arrendamiento es Irregular
La licitación internacional para adquirir autobuses chinos modelo Golden Dragon generó sospechas desde el inicio. A pesar de que Ego Móvil presentó documentos con el sello de la marca china, los vehículos fueron adquiridos a empresas como Javit y Macario’s, que no tienen antecedentes en el sector transporte.
Las facturas emitidas por estas compañías mencionan los autobuses Golden Dragon bajo especificaciones de la licitación pública LPIP/IMA-004-2023, pero ni Javit ni Macario’s participaron en la licitación. Esto pone en duda la legalidad del proceso y si existieron intermediarios innecesarios que inflaron los costos.
Adicionalmente, Ego Móvil agregó el giro de transporte a su objeto social días antes de lanzarse la licitación, lo que refuerza las críticas sobre su falta de experiencia y las irregularidades en la asignación del contrato. Antes del acuerdo con el gobierno, Ego Móvil no reportó ingresos al SAT en 19 años de operaciones.
Gobierno Y Empresas Niegan Irregularidades
Ego Móvil respondió a los señalamientos destacando la experiencia de sus socios, afirmando que cuentan con 53 años de trayectoria en la fabricación de autopartes. Sin embargo, no ofrecieron pruebas que respalden estas afirmaciones. Por su parte, el gobierno de Nuevo León negó que se trate de una empresa “pantalla” y aseguró que las 600 unidades fueron entregadas.
A pesar de las declaraciones, las inconsistencias en los procesos y la vinculación con empresas con características de factureras han generado una ola de críticas hacia la administración estatal. Legisladores y organizaciones civiles han exigido una auditoría detallada para esclarecer el destino de los recursos y determinar si existieron irregularidades.
La falta de experiencia de las empresas involucradas, sus direcciones modestas y cambios repentinos en sus objetos sociales son señales alarmantes que apuntan a posibles actos de corrupción. Este caso pone en entredicho la transparencia del programa de ordenamiento del transporte en Nuevo León, planteando preguntas sobre el manejo de los recursos públicos.
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