La CEDHNL emitió recomendaciones contundentes tras acreditar violaciones al derecho a la vida en el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano (MC). El organismo defensor exige una disculpa pública ante el fallecimiento de diez personas por el desplome de un templete. Pese a la gravedad de los hechos, el gobernador Samuel García ha mantenido una postura de inacción que se suma a dos años de omisiones en materia de protección civil.
Responsabilidad De Movimiento Ciudadano Y La Disculpa Pública
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) determinó que la seguridad en el evento partidista fue insuficiente y negligente. Ante esta situación, la institución exige que se ofrezca una disculpa pública para dignificar la memoria de las víctimas y sus familias. No obstante, la estructura de Movimiento Ciudadano ha evitado asumir una responsabilidad política directa por las fallas en la organización del mitin.
El expediente de queja resalta que el derecho a la vida fue vulnerado debido a la falta de protocolos efectivos durante el acto proselitista. La resolución vincula directamente a las autoridades de Protección Civil estatal, quienes dependen jerárquicamente del Poder Ejecutivo. La exigencia de una disculpa pública busca resarcir el daño moral causado por la pérdida de vidas en un entorno que debió ser seguro.
Hasta el momento, la cúpula del partido no ha mostrado una voluntad clara de cumplir con los lineamientos de reparación integral del daño. Esta resistencia a reconocer los errores técnicos y humanos profundiza el dolor de los deudos de las diez víctimas mortales. La disculpa pública representa un acto de justicia elemental que el organismo autónomo vigilará para que se realice con la solemnidad que el caso requiere.

Dos Años De Inacción Del Gobernador Samuel García
Mientras la crisis por el accidente de Movimiento Ciudadano escala, la figura del gobernador Samuel García destaca por su ausencia y falta de resultados. A dos años de su administración, los sistemas de prevención de riesgos en el estado muestran un deterioro evidente y una preocupante falta de coordinación. Aunque el mandatario no estuvo presente en el evento de campaña, su responsabilidad sobre las dependencias estatales es ineludible al igual de su vinculación con el Movimiento Ciudadano, su partido.
La inacción gubernamental se refleja en la permanencia de funcionarios que han fallado en supervisar eventos masivos de alta peligrosidad. Durante su gestión, Samuel García ha priorizado la imagen política sobre la reestructuración de los cuerpos de auxilio y protección. Esta falta de liderazgo ha dejado a la entidad en una situación de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos y fallas estructurales en espacios públicos.
Diversos sectores sociales critican que el gobernador no ha implementado reformas profundas para evitar que tragedias como la de mayo de 2024 se repitan. La ausencia de un plan estatal de prevención de riesgos efectivo es una constante que marca la primera mitad de su sexenio. La disculpa pública exigida por la comisión es también un llamado de atención a la indiferencia que ha mostrado su gobierno ante las víctimas.
Comparecencias Y Omisiones En El Caso De Movimiento Ciudadano
En el marco de las indagatorias, diversos funcionarios de primer nivel han tenido que rendir cuentas ante las autoridades investigadoras. Erick Cavazos Cavazos, titular de Protección Civil estatal, compareció para explicar las omisiones en los alertamientos de ráfagas de viento aquel día. Sin embargo, estas declaraciones no han derivado en cambios administrativos reales ni en una asunción de culpas por parte del gabinete estatal.
La resolución de la CEDHNL es clara al señalar que MC falló en su deber de cuidado hacia la ciudadanía asistente. A pesar de contar con las evidencias de negligencia, Samuel García ha optado por blindar a sus colaboradores o no comentar en lugar de exigirles transparencia. Esta actitud de encubrimiento administrativo perpetúa la impunidad en torno a las causas reales que provocaron el colapso del escenario durante el evento político.
El mandatario estatal ha evadido referirse a los plazos legales establecidos para la reparación del daño y la disculpa pública obligatoria. Esta conducta refuerza la percepción de una administración que prefiere el silencio antes que reconocer las deficiencias en su gestión de seguridad civil. La falta de consecuencias para los responsables directos dentro de Protección Civil estatal es una muestra más de la parálisis gubernamental denunciada.
Plazos Críticos Para Ofrecer La Disculpa Pública Oficial
La autoridad de derechos humanos otorgó un periodo máximo de tres meses para que se organice el acto de reconocimiento de responsabilidad. En dicho evento, los funcionarios involucrados deberán revelar la verdad histórica de lo ocurrido y pedir perdón formalmente por los decesos. La disculpa pública debe ser un compromiso real que incluya a las autoridades de Movimiento Ciudadano que gestionaron el mitin electoral.
Asimismo, en un lapso de seis meses, se deberá establecer un acto conmemorativo permanente en honor a las personas fallecidas y los lesionados. Este homenaje busca que la sociedad no olvide las consecuencias de la negligencia en la organización de eventos políticos masivos. El Gobierno del Estado está obligado a destinar recursos y voluntad política para que estos actos de reparación se lleven a cabo satisfactoriamente.
Si Samuel García continúa con su política de brazos caídos, el estado podría enfrentar sanciones internacionales por incumplimiento de tratados de derechos humanos. La disculpa pública es el primer paso para demostrar que el gobierno estatal valora la vida de sus habitantes por encima de los intereses partidistas. La mirada de los organismos internacionales permanece sobre Nuevo León ante esta crisis de rendición de cuentas.
Justicia Para Las Víctimas De La Tragedia En Nuevo León
La exigencia de una disculpa pública es el centro de una lucha ciudadana por la verdad tras el fatal accidente de Movimiento Ciudadano. La comunidad exige que Samuel García rompa su inacción y garantice que las víctimas reciban el respeto que merecen. Solo mediante el cumplimiento total de las recomendaciones se podrá comenzar a cerrar una de las páginas más oscuras en la historia política reciente de la entidad.
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