El panorama de seguridad en Nuevo León sigue deteriorándose, y la extorsión se ha consolidado como una de las principales amenazas que enfrenta la ciudadanía. En lo que va de 2025, el estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en denuncias de este delito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). De enero a mayo, se han reportado 412 casos, lo que equivale a 32 denuncias al día y un promedio preocupante de 1.3 personas estafadas cada hora.
La situación evidencia que la extorsión se ha vuelto una actividad delictiva común y cada vez más difícil de contener. La facilidad para ejecutarla y el miedo a denunciar son factores que alimentan el crecimiento constante de este delito. Además, la falta de acciones concretas y estrategias claras por parte de las autoridades locales profundiza el problema y deja a la población en un estado de vulnerabilidad constante.
La magnitud del problema no es menor. La extorsión no solo afecta la economía familiar y empresarial, sino que mina la confianza en las instituciones y en la seguridad pública. Muchos ciudadanos optan por no denunciar por temor a represalias, creando un círculo vicioso que refuerza la impunidad y alienta a los grupos criminales a seguir operando.
Denuncias crecen y miedo persiste
De acuerdo con el último reporte, Nuevo León se ubica en el cuarto lugar nacional en número de casos, solo detrás del Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México. Veracruz completa el listado de las cinco entidades con mayor número de denuncias.
El Estado de México encabeza la lista con mil 248 denuncias, seguido por Guanajuato con 675, Ciudad de México con 511 y Nuevo León con 412. Veracruz, por su parte, reportó 374 casos. Aunque estas cifras ya son alarmantes, expertos advierten que el problema podría ser aún mayor debido a la cifra negra, es decir, los casos que no se denuncian.
Especialistas en seguridad estiman que hasta un 90 por ciento de las extorsiones no son reportadas. Esto significa que por cada denuncia oficial, podrían existir múltiples víctimas que prefieren guardar silencio ante el temor de represalias o porque consideran que denunciar no servirá de nada.
El miedo a represalias no es infundado. La extorsión suele realizarse mediante llamadas telefónicas o mensajes, donde los delincuentes amenazan con hacer daño a la víctima o a su familia. Al ser un delito que puede cometerse a distancia, el riesgo para los criminales es bajo, mientras que las ganancias económicas son considerables. Este escenario convierte a la extorsión en un negocio atractivo para la delincuencia organizada y los extorsionadores independientes.
Tendencia preocupante sin freno
Las cifras actuales confirman una tendencia ascendente en el delito de extorsión en Nuevo León. En los últimos seis años, el estado ha visto un aumento sostenido en los casos denunciados, con excepción de 2020, año en que la pandemia redujo temporalmente varias actividades, incluyendo algunas delictivas.
En 2024, Nuevo León ya había figurado en el cuarto lugar nacional con 384 casos entre enero y mayo. En el mismo periodo de 2025, la cifra subió a 412, lo que refleja un crecimiento del 7 por ciento en solo un año. Aunque este incremento pueda parecer pequeño en términos porcentuales, en la práctica implica decenas de víctimas adicionales y un impacto social cada vez mayor.
El crecimiento sostenido confirma que no se han implementado políticas efectivas para frenar la expansión del delito. La falta de resultados y la percepción de inseguridad han generado desconfianza en la ciudadanía, que observa con preocupación cómo el delito se normaliza en la vida cotidiana.
En este contexto, resulta evidente la necesidad urgente de revisar y fortalecer las estrategias de prevención y combate a la extorsión. Sin embargo, hasta ahora no se perciben cambios significativos en la respuesta de las autoridades estatales.
Falta de estrategia efectiva
Uno de los aspectos más criticados por especialistas y ciudadanos es la ausencia de una estrategia clara y efectiva por parte de la administración estatal para contener este delito. A pesar de los discursos y promesas, no se observa un plan integral que incluya la protección real de las víctimas, la mejora en los sistemas de denuncia y la desarticulación de las redes criminales dedicadas a la extorsión.
La administración estatal, encabezada por Samuel García, ha sido señalada por priorizar la imagen pública y las giras mediáticas antes que enfrentar de manera directa los problemas de seguridad que afectan a miles de familias. Mientras tanto, las extorsiones continúan dejando una huella de miedo y pérdidas económicas en la sociedad.
El impacto económico de la extorsión es profundo. Afecta no solo a empresarios y comerciantes, sino también a trabajadores y familias que se ven obligados a pagar cuotas para proteger su integridad. Estas “cuotas de paz”, como se les llama en algunos sectores, representan una carga adicional para quienes ya luchan por salir adelante en un entorno económico complicado.
Por si fuera poco, la normalización de la extorsión debilita el tejido social y erosiona la confianza en las autoridades. Cuando la población percibe que no existe protección ni justicia, la desesperanza crece, y con ella, la aceptación silenciosa de prácticas ilegales como una “forma de vida” inevitable.
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