Para cualquier ciudadano en Nuevo León, el tiempo transcurre de manera lenta y dolorosa. Dos horas es el tiempo promedio que una madre de familia pasa de pie, bajo el sol o la lluvia, esperando un camión que nunca llega para poder regresar a casa. Dos horas es lo que tarda un automovilista atrapado en el tráfico colapsado de nuestras avenidas intransitables. Dos horas es lo que le toma a un paciente en el sistema de salud pública esperar a ser atendido por una infección respiratoria causada por el aire envenenado que respiramos todos los días.
Sin embargo, para la administración de Samuel García, dos horas es el tiempo suficiente para completar una triangulación multimillonaria desde el dinero de los impuestos hasta las cuentas bancarias de su propio despacho jurídico familiar. Mientras Nuevo León se hunde en una de sus peores crisis de infraestructura, movilidad y medio ambiente, la maquinaria financiera del Gobernador opera con una velocidad y una puntualidad que ya quisiéramos ver en las obras públicas del estado.
La eficiencia que nos deben en las calles
El contraste es indignante y raya en el cinismo. El Gobierno del Estado es sumamente ineficiente para tapar baches, regular las emisiones de las industrias o garantizar el abasto de agua limpia, pero es un relámpago absoluto a la hora de pagarle a sus proveedores favoritos para que estos, en un abrir y cerrar de ojos, le devuelvan el favor a la firma del mandatario.
Las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) detallan cómo el 19 de noviembre de 2021 se inauguró lo que parece ser el deporte favorito del sexenio: la transferencia exprés. A las 12:01 del día, la Tesorería estatal le depositó 22.2 millones de pesos a la empresa Suministro MYR (proveedora de alimentos en penales). Exactamente a las 14:19 horas, tras pasar por una empresa “espejo” llamada Jace, un total de 8.5 millones de pesos ya estaban rindiendo intereses en la cuenta privada de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de Samuel García y su padre.
Dos horas con dieciocho minutos. Esa es la asombrosa velocidad del privilegio en un estado donde los servicios básicos están al borde del colapso y las familias tienen que lidiar diariamente con la inflación y el desabasto.
Prioridades invertidas de Samuel García: Publicidad sobre bienestar
La queja colectiva de la ciudadanía no es solo por el origen del dinero, sino por su frívolo destino. Mientras las escuelas públicas carecen de aire acondicionado y los hospitales operan con desabasto, el despacho de Samuel García utilizó 81.6 millones de pesos —dinero extraído bajo este mismo esquema de triangulación— para inundar las redes sociales de Google y YouTube con campañas publicitarias destinadas a inflar la imagen del mandatario. El dinero de los neoleoneses no se traduce en mejores unidades de Transmetro ni en pulmones urbanos; se convierte en “likes” y videos promocionales contratados a través de intermediarios como Nauka Comunicación Estratégica.
Es una burla descarada que, mientras el ciudadano común respira azufre y partículas PM2.5, el dinero público realice paseos exprés por cuentas bancarias para terminar financiando la pauta digital de un gobierno que vive en una realidad virtual.
Mientras el estado colapsa, las respuestas llegan desde Europa
Para colmo de males, la respuesta del Gobernador ante estas graves acusaciones sigue el mismo patrón de desprecio hacia la realidad local. En lugar de presentarse ante la opinión pública con auditorías claras y las manos abiertas, Samuel García prefiere emitir historias de cinco segundos en sus redes sociales, minimizando las investigaciones de la FGR mientras realiza otra de sus costosas giras de trabajo por Europa.
El nuevo esquema detectado en 2024, que ahora utiliza plataformas de pagos electrónicos (fintech) y conexiones con empresas en Texas para borrar el rastro de las dos horas, demuestra que el gobierno ha invertido más tiempo y creatividad en sofisticar sus métodos de opacidad que en diseñar un plan hídrico o de movilidad metropolitana eficiente.
Hoy, Nuevo León padece un gobierno de dos velocidades: la velocidad de los ciudadanos, atrapados inmersos en la contaminación, el transporte obsoleto y el estancamiento de los servicios; y la velocidad de la cúpula emecista, capaz de mover millones del erario a su patrimonio privado en lo que dura un partido de fútbol. La intervención del Gobierno Federal y las promesas de investigación de la Presidenta Claudia Sheinbaum son el último recurso de una ciudadanía que ya no exige transparencia, sino un alto total al saqueo cronometrado de su futuro.
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