La narrativa de transparencia que tanto ha presumido la administración estatal acaba de sufrir un golpe definitivo. Una serie de documentos financieros y fiscales han dejado al descubierto el vínculo directo entre el entorno familiar del gobernador Samuel García Sepúlveda y el crimen organizado enfocado en el robo de hidrocarburos. Las pruebas contundentes revelan que Jesús Ricardo Puente, un presunto capo criminal detenido recientemente por las autoridades federales, inyectó una millonaria suma de dinero a las empresas de la familia del mandatario a través de un esquema de simulación fiscal.
De acuerdo con los expedientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Público de Comercio, el despacho jurídico de la familia del gobernador cobró la cifra exacta de 15 millones 059 mil 957 pesos provenientes de actividades ilícitas. Las transacciones se realizaron mediante la emisión de ocho facturas electrónicas que, a la fecha, continúan vigentes y bajo la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), consolidando el caso que en redes sociales ya se conoce como el del “huachigobernador”.
El operador de la red criminal “Los Petrofactureros”
El origen del dinero negro proviene de la empresa Maquiladora de Lubricantes, una firma utilizada como fachada para mover recursos de procedencia ilegal. El dueño y administrador único de esta compañía es Jesús Ricardo Puente, quien fue capturado por la FGR durante un fuerte operativo militar y federal que incluyó cateos simultáneos en los municipios de San Pedro, Monterrey, García y Salinas Victoria.
La Fiscalía General de la República identificó a Puente como uno de los líderes principales de “Los Petrofactureros”, una red delictiva compuesta por más de 40 empresas fantasma. Este grupo criminal se dedicaba a la compra y venta de combustible robado (huachicol), utilizando la estructura fiscal para simular transacciones logísticas y energéticas legítimas, a pesar de no contar con camiones, bodegas ni infraestructura real. Durante las movilizaciones federales ligadas a esta detención, se logró el decomiso de más de un millón de litros de hidrocarburo ilegal en Cadereyta.
Dinero del huachicol en las cuentas familiares de Samuel García
Las ocho facturas que ligan al capo con el gobernador fueron emitidas por la firma GMA Firma Jurídica Fiscal entre finales de 2021 y principios de 2022, un periodo que coincide sospechosamente con el arranque del gobierno de Samuel García. Este despacho es operado y propiedad de Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano del titular del Ejecutivo estatal, respectivamente.
Lejos de ser un cliente menor, el capo Jesús Ricardo Puente y su empresa de lubricantes se convirtieron rápidamente en el sexto mejor ingreso de la firma de los García. Los “honorarios por servicios profesionales” cobrados por los familiares del gobernador eran, en realidad, el mecanismo para canalizar los recursos de una red que llegó a facturar más de 7 mil millones de pesos en sus años de mayor bonanza.
La Auditoría Superior y las autoridades federales han seguido el rastro de este dinero, detectando que los ingresos de la empresa del capo se desplomaron por completo una vez que iniciaron los cateos y presiones de la FGR contra el huachicol, pasando de cientos de millones de pesos anuales a ceros absolutos.
Exigencia de juicio y rendición de cuentas
Este esquema de petrofacturación familiar de Samuel García ha desatado una ola de indignación en todo Nuevo León. Mientras los ciudadanos enfrentan deficiencias graves en los servicios públicos, transporte y seguridad, los despachos vinculados al gobernador operaban como asesores y beneficiarios económicos de los grandes capos del robo de combustible en la región.
La sociedad civil y diversos sectores políticos exigen que la Fiscalía actúe con todo el peso de la ley contra los involucrados. El señalamiento hacia el “huachigobernador” ya no es una hipótesis política; es una realidad sustentada en depósitos, facturas del SAT y detenciones federales que exigen una sanción penal inmediata y el fin de la impunidad en el estado.
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